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Desde una perspectiva práctica, analizar la libertad religiosa del servidor público y la limitación de ese derecho responde a desafíos fácticos constantes, presentes en el contexto colombiano y también en sistemas de laicidad tan diversos como el francés, el español, el estadounidense o el canadiense, en los que aparecen recurrentemente las preguntas sobre la neutralidad que el Estado y sus servidores deben asegurar o no, en el ejercicio de sus funciones, en particular ante el reconocimiento universal de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa que, por tal definición, no sería susceptible de despojársele a persona alguna, aunque ella sea un servidor público.

Esta tesis se justifica desde ese enfoque práctico en Estados laicos, porque reconoce que a pesar de estar ante el ejercicio de un derecho humano y fundamental, la libertad religiosa del servidor público no carece de expresiones conflictivas que exigen precisar categorías útiles para resolver jurídicamente casos como el de un alcalde que, por decreto, ordena el recogimiento espiritual y, en consecuencia, prohíbe la utilización de altavoces en establecimientos comerciales, por parte de toda una población, dada la celebración que durante varios días, coincidentes con época vacacional, realizará en su jurisdicción una religión mayoritaria. O situaciones relacionadas con jefes de entidades públicas a quienes se les cuestiona la adopción de decisiones que estarían determinadas por una convicción religiosa y no por las normas que regulan sus funciones. O eventos en los que jefes de Gobierno, en calidad de tales, se suman a ceremonias religiosas; o en los que manifiestan propósitos laicistas de su ejercicio estatal, que incluyen la persecución contra organizaciones o expresiones religiosas. O iniciativas de miembros del Legislativo que procuran la regulación del uso de lugares públicos para fines religiosos, o el aporte de recursos oficiales para la mejora o la conservación de inmuebles destinados al culto de una creencia determinada. O el uso de distintivos en la apariencia física, tales como la barba sij, por parte de miembros de la policía en diferentes países. O el porte de velos, kipás, cruces o turbantes, por parte de docentes de escuelas públicas o miembros de los servicios públicos de salud. O, finalmente, la presencia o no de símbolos religiosos en juzgados, tribunales o cortes; o la exigencia de juramentación para la posesión como presidente de una república, acompañada del deber de colocar la mano sobre una biblia u otro texto considerado sagrado, entre muchos otros casos.

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