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¿El capitalismo de vigilancia implicaría el fin de la democracia?

Las empresas desarrollan prácticas de extracción de datos que aniquilan toda reciprocidad del contrato con los usuarios, hasta crear un mercado de la cotidianidad (nuestros datos más íntimos y, a la vez, los más sociales). Nuestras conductas y nuestra experiencia cotidiana se convierten en el objeto del mercado y condicionan incluso la producción de bienes industriales (cuya venta depende de nuestros comportamientos como consumidores). Más aún, ese mercado no está más sometido a las vueltas del azar, del riesgo o de la impredecibilidad, como pensaban los chantres del liberalismo del siglo XX: el mercado se ha vuelto maleable porque son nuestros comportamientos los que son objeto de una predictibilidad tanto más exacta cuanto que los big data puede ser analizados con métodos a gran escala y cada vez más fiables.

¿Por qué afirmamos que pasamos de un régimen político a uno apolítico? Porque la mayor parte de las decisiones y de los órganos operativos de hoy están motivados y guiados por consideraciones relativas a situaciones declaradas imperativas y no por perspectivas políticas. El capitalismo de vigilancia induce no solo el fin del mercado liberal (visto como lugar de intercambios equilibrado de bienes y servicios competitivos), sino que excluye toda posibilidad de regulación por parte de los ciudadanos: estos son considerados únicamente como “usuarios de servicios”, es decir, como consumidores, y el Estado como un proveedor de servicios públicos. Y la decisión pública, por su parte, es un asunto de acuerdo entre los monopolios y el Estado. Un “gobierno de los técnicos”, como se ha visto en Europa, se presenta, por un lado, como el gobierno de la objetividad y de las cifras, que puede rendir cuentas a la Unión Europea y al sistema financiero internacional, y, por otro lado, como el primer gobierno independiente de los partidos. La tecnocracia, como la experticia, se sitúa fuera de los partidos y responde usualmente a los límites de la centralización propios de la decisión pública, y no del poder político y de la discusión de los ciudadanos.