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¿Debemos repensar el estatuto de internet?
“¿Hay que estatizar Google o googlizar el Estado? ¿Google implanta un servicio común privado o un servicio público no estatal?”. Estas son las preguntas que se plantean Moulier Boutang y Rebiscoul (2009). En el siglo XIX, los bienes colectivos que crearon valor (y riqueza) fueron el descubrimiento y la explotación de la energía fósil, eléctrica y luego petrolera; en la segunda mitad del siglo XX, fueron la informática, internet y los big data, impulsados por la inteligencia artificial. ¿Por qué los grandes ecosistemas y las plataformas de servicios deberían escapar a la regulación política de los Estados? Un régimen jurídico cuasi ausente provoca infaliblemente accidentes (como el del escándalo de Facebook-Cambridge Analytica), que producen desequilibrios cuyos perjuicios se intentará mal que bien reparar. Pero el gusano no está aún en la manzana, ¡y no nos referimos solamente a Apple!
“El principio de independencia de un Estado solo podrá afirmarse en el ciberespacio si se repiensa internet. Entre la protección de los datos personales y la lucha contra las ciberamenazas, los Estados tienen dificultades para definir las estrategias de equilibrio”, analizan Imbert-Vier y Muller Feuga (3 de diciembre del 2018). Para la Unión Europea, internet es un espacio neutro y sin fronteras, cuando en realidad está administrado por la ICANN2 americana, y más aún: una de las primeras intenciones de la administración de Trump era abolir la neutralidad de la red en junio del 2018 (lo que implica como consecuencia permitir a grandes ecosistemas como las GAFAM tener prioridad sobre la difusión del contenido en internet). El ciberespacio cuenta con un sesgo esencialmente americano. Políticamente hablando, la protección de las informaciones sensibles se vuelve imposible para los Estados, así como mantener su soberanía frente a las intrusiones de las GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) americanas, y en lo sucesivo de las BATHX (Baitu, Alibaba, Tencent, Huawei y Xiaomi) chinas. La venta de equipos de telecomunicaciones por parte de la compañía china Huawei es el primer caso de guerra comercial declarada entre chinos y americanos, por la venta de la infraestructura de equipamiento de las nuevas redes de telecomunicación 5G en Occidente, susceptibles de convertirse en puertas abiertas para el espionaje industrial. Los americanos quieren prohibir a sus compañías nacionales equipar sus redes con infraestructura de Huawei, lo que ya hicieron Australia y Nueva Zelanda. Por otra parte, Estados Unidos pidió a Canadá que retuviera en la frontera de Vancouver a Meng Wanzhou, la directora financiera e hija del fundador de Huawei, Ren Zhengfei, antiguo miembro del ejército chino. Posteriormente, los americanos solicitaron oficialmente a Canadá la extradición de la señora Meng. A guisa de represalia diplomática, China retiene como rehenes a dos diplomáticos canadienses. A mediados del 2019, el asunto está aún irresuelto.